abril 20, 2013
Datos Abiertos y Gobierno Abierto en materia ambiental: Las TICs al servicio de una mejor gobernanza
En materia ambiental, la necesidad de contar con información precisa, oportuna, fácil de comprender, sobre acciones gubernamentales y proyectos sometidos a la aprobación del Estado reviste una importancia fundamental. Asimismo, la limitación de las agencias gubernamentales para procesar la cuantiosa información que colectan a través del ejercicio de su actividad de aprobación y control, contribuye a una situación en la cual la tecnología de la información y la comunicación tienen mucho para aportar a la gobernanza de América Latina y el Caribe.
En este sentido, las iniciativas de Gobierno electrónico que van registrándose en la región muestran una saludable orientación hacia la apertura de datos, que inicia por lo general con un cambio de actitud, asociado al lanzamiento de programas gubernamentales, y luego comienzan a transitar el camino de la disponibilidad efectiva de la información a través de la web, sin necesidad de recurrir a burocráticos pedidos de información, para finalmente, adentrarse en el camino de los datos abiertos, que como tales suponen el cumplimiento de los principios de accesibilidad, usabilidad y universalidad.
Pero el camino recién comienza. Es muy fácil, en materia ambiental, generar una oferta abrumadora de información digitalizada vinculada al ambiente y de todas maneras, mantener insatisfechas las demandas de la sociedad civil, en tanto usuario principal del sistema. Para superar este obstáculo, es necesario conocer mejor el perfil de los usuarios de la información y los contextos asociados a la utilización de la misma, a fin de encontrar estrategias más eficientes para alcanzar los objetivos que caracterizan a las políticas de datos abiertos en el marco de iniciativas de gobierno abierto, y al mismo tiempo reducir los niveles crecientes de conflictos que se advierten en toda la región.
Uno de los aspectos centrales de esta utilización “inteligente” de los datos abiertos tiene que ver con la posibilidad de superar la frontera que normalmente separa el sector público del sector privado en materia de información ambiental. Es que muchas veces, sea en razón de los sistemas regulatorios o de las limitaciones en las capacidades, la Administración no considera la totalidad de la información disponible a la hora de aprobar nuevos proyectos o supervisar la ejecución de los existentes. Así, por ejemplo, el fraccionamiento de las competencias administrativas por razones de especialidad (ambiente, agua, industria, ordenamiento territorial, etc.) termina por impedir un adecuado cruzamiento de la información disponible sobre una misma área territorial.
De la misma manera, una misma agencia muchas veces carece de competencias o de capacidades técnicas para analizar los efectos acumulativos de varios proyectos, toda vez que las autorizaciones y acciones de control toman como unidad de medida a cada proyecto, en lugar de considerar la sumatoria de ellos.
Finalmente, corresponde considerar los comentarios usuales en la región en cuanto a la carencia de líneas de base adecuadas en relación a los recursos naturales como el agua, debido a la imposibilidad de afrontar estudios de largo aliento. Pues bien, a través de los datos abiertos la información existente en poder de las distintas agencias, podría ser progresivamente digitalizada e integrada a fin de consolidar los datos y poder extraer conclusiones que superen en mucho los hallazgos o certezas aisladas de cada una de las agencias.
En todos estos casos, la apertura de los datos, permitiría a la sociedad civil encontrar excelentes oportunidades de colaboración con la Administración. A través de entidades académicas o proyectos con finalidad comercial, podrían cruzar estos datos, advertir tempranamente problemas ambientales que podrían conducir a un descarte prematuro de una inversión inconveniente o, por el contrario, a focalizar el interés en zonas con un potencial inadvertido. Así por ejemplo, cuando en materia extractiva, los estudios aprobados en zonas aledañas, pudieran hacer recomendable la expansión por la localización extendida de un yacimiento.
Desde luego, se trata escenarios que terminarían por modificar el modelo de negocios tal como está definido en la actualidad. Pero una mayor transparencia permitiría no solamente un mercado más saludable, sino que un marco de inversión más previsible basado en el mayor conocimiento de la situación socio ambiental en las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos. Al mismo tiempo, este tipo información llevaría más claridad frente a la sociedad civil y sus organizaciones no gubernamentales que podrían dirigir sus esfuerzos de tutela a aquellas situaciones que ameritan preocupaciones sustantivas antes que meras sospechas de contaminación potencial.
Sin embargo, las potencialidades de las TICs en el sector ambiental van mucho más lejos. Las modernas tendencias de democratización de la gestión sobre el ambiente y los recursos naturales reconocen en las políticas de Gobierno Abierto una oportunidad inigualable de implementación.
Es sabido que la obtención de la información en sí misma no significa mucho si es que esa información no puede ponerse al servicio de una mejor tutela de los intereses ambientales, sociales y culturales de la comunidad. Y para eso es necesario adentrarse en el camino de la participación pública, superando la limitación de la comunicación Gobierno-Ciudadano, en una sola dirección, para habilitar un verdadero diálogo, es decir un carril de ida y vuelta a partir de la gestión de datos abiertos.
A través de ese diálogo será posible plantear consultas, recibir respuestas, abrir espacio para propuestas alternativas y eventualmente votar sobre preferencias o responder encuestas y, en fin, darle concreción a un extenso abanico de posibilidades que desde hace ya varios años reconocen las Cartas Fundamentales de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe pero que hasta el momento, en materia ambiental, no han sido objeto de una implementación profunda.
Por eso es que concluimos que las TICs aplicadas a las políticas públicas en materia de ambiente y recursos naturales, a través de las políticas para la implementación de Datos Abiertos en el marco de estrategias de Gobierno Abierto tienen un enorme camino por delante. Desde luego, no esperemos que la apertura de datos por sí sola sea una solución mágica a los complejos escenarios de conflictividad que se presentan en nuestra región. Pero sepamos desde ahora que constituyen una poderosa herramienta para acompañar los cambios de paradigma que necesita el debate para la implementación de un desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe con suficiente nivel de gobernanza.
Desde ECOJURE estamos analizando las implicancias y potencialidades de los datos abiertos en el sector minero, en el marco del Proyecto OD4D a través de un primer análisis de caso en el Perú y hemos abierto una encuesta electrónica para las organizaciones de la sociedad civil en el Perú.
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