En el marco del proyecto OD4D, se está llevando adelante un mapeo de las experiencias e iniciativas de Datos Abiertos Gubernamentales existentes en América Latina y el Caribe.
Sin la intención de definir un ranking entre países y experiencias, este mapeo mira a ofrecer una imagen sintética del estado de las iniciativas de Datos Abiertos Gubernamentales en la región. Como una fotografía, este representa un primer diagnóstico cualitativo cerca de las estrategias de apertura de Datos Gubernamentales desarrolladas por los diferentes países de la región, destacando tanto la heterogeneidad existente como los puntos de fuerza de cada experiencia.
Para ir más allá de la sola componente técnico de los datos y ofrecer un imagen más completa del “ecosistema” de Datos Abiertos Gubernamentales, se identifican cuatro dimensiones de análisis en cada país:
- Dimensión normativa y regulatoria
- Dimensión Institucional
- Dimensión Técnica
- Dimensión de Uso, Re-uso y Consumo
Al momento, los informes están disponibiles solamente en español (ir a listado de informes país disponibles).
Colores
Azul= actualizado Morado= por actualizar Rojo = en proceso de elaboración
Funcionando como un repositorio de datos, el portal dados.gov.br agrega 82 conjuntos de datos públicos que antes estaban dispersos en la Internet. Lanzado por el Ministerio de Planeamiento, el proyecto tuvo una amplia contribución de la sociedad en su elaboración. Además, el sitio permite que las personas sugieran nuevos datos para abrir, participen en eventos sobre Datos Abiertos y sigan las iniciativas de desarrollo del portal.
También es posible revisar algunos aplicativos desarrollados por comunidades usando los datos disponibilizados en el portal. Uno de ellos es el Basômetro, una herramienta interactiva que permite medir el apoyo parlamentario al gobierno y seguir el posicionamiento de los miembros del Parlamento en las votaciones legislativas.
Otro aplicativo disponible en el sitio indica, en el mapa de Brasil, los accidentes de trabajo ocurridos de 2002 a 2009. Los usuarios pueden ver los accidentes por municipalidad y por tipo.
El sitio dados.gov hace parte del INDA (Infraestructura Nacional de Datos Abiertos), un proyecto que busca establecer patrones técnicos para los Datos Abiertos, promover la capacitación y la divulgación de informaciones públicas usando formatos abiertos y software libres.
Open 311
3-1-1 es un código telefónico muy conocido en algunas ciudades de los Estados Unidos y de Canadá, donde los ciudadanos pueden enviar solicitudes a las autoridades sobre situaciones de poca urgencia, como semáforos defectuosos, quemas ilegales, problemas en las carreteras, etc. El objetivo es dejar el número 9-1-1 para emergencias que realmente necesiten atención inmediata.
Open 311 “proporciona canales abiertos de comunicación de asuntos que tienen que ver con los espacios y servicios públicos. Usando un aparato móvil o una computadora, una persona puede remitir información (idealmente con una foto) sobre un problema en un local determinado. Ese reporte entonces es direccionado a la autoridad competente para que se encargue del problema. Lo que es diferente de un reporte tradicional 311 es que esa información está disponible para ser vista por todos y permite que cualquiera contribuya con más información. Al permitir la colaboración en esos temas, el modelo abierto hace más fácil colectar y ordenar más información sobre problemas importantes. Al hacer la información pública, proporciona transparencia y compromete a aquellos que son responsables por el problema. La transparencia también garantiza que la voz de todos sea oída y a su vez fomenta más participación”.
Sepa más sobre este tema.
Datos Abiertos Gubernamentales y las Leyes de Acceso a la Información
Publicado por:
Danielle Pereira
Tags:
administración abierta, Chile, datos abiertos, Datos Abiertos Gubernamentales, gestión pública, información pública, Innovación, leyes de acceso a la información, participación popular, transparencia proactiva, transparencia reactiva
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Los primeros pasos para la obtención de informaciones públicas fueron dados a través de las “leyes de acceso a la información”, que se originaron en Suecia, en 1766. Luego después, Finlandia propuso una reglamentación sobre el tema en 1951, seguida de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1966. Actualmente, hay aproximadamente 80 países que adoptan algún tipo de legislación sobre el acceso a la información, teniendo como base dos principios operacionales: la transparencia reactiva y proactiva.
Bajo el principio de la transparencia reactiva, los órganos gubernamentales son obligados por ley a responder los pedidos de informaciones públicas hechos por los ciudadanos, normalmente en el período de cinco a treinta días hábiles. El principio de la transparencia proactiva, por otro lado, exige que los órganos divulguen y publiquen informaciones sin que sea necesaria una solicitación de parte de los ciudadanos.
La naturaleza de lo que será publicado así como el formato varían de acuerdo con la reglamentación de los países, aunque la mayoría de ellos ratifica la exigencia de la publicación proactiva en lo que se refiere a las informaciones institucionales, las funciones de la agencia pública, a los servicios ofrecidos, las reglas de procedimientos y las listas de los empleados y de las autoridades. Muchas leyes de acceso a la información también exigen la publicación de presupuestos y contratos públicos, por ejemplo.
En lo que se refiere al formato en que la información pública debe ser difundida, es esencial resaltar que esas leyes fueron creadas antes de la era digital y, por consiguiente, tenían como objetivo la divulgación de los documentos públicos y no la publicación de las informaciones que dan origen a tales documentos.
Ya las normas surgidas durante la era digital hicieron con que los gobiernos publicaran informaciones en la Internet. Este es el caso de la Ley de Acceso a la Información chilena, aprobada en 2009, que exigía de las autoridades la divulgación proactiva en sus websites actuales de las informaciones públicas. Estas incluían: estructura orgánica, funciones, procedimientos normativos, listas de servicios públicos prestados, formas de acceder a tales servicios públicos, listas de funcionarios públicos y sus respectivos salarios, entre otros.
Antiguas leyes de acceso a la información, como las legislaciones del Canadá y de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron reformadas para adaptarse a la era digital. Cambiaba, de esta manera, no solamente la obligatoriedad de publicarse informaciones online, sino que también pasaba a valer la regla de que los pedidos de información debían ser presentados en formatos electrónicos, y las respuestas a esos pedidos también tenían que ser entregados por vía electrónica.
Dentro de esa lógica, Datos Abiertos Gubernamentales (Open Government Data- OGD) pueden ser considerados, por lo tanto, una evolución natural y un heredero del principio de proactividad en la publicación de informaciones reglamentadas por leyes de acceso a la información. De hecho, tanto las leyes de acceso a la información como el OGD pueden ser comprendidos de manera separada, y uno no depende necesariamente del otro. También es posible inferir que una comprensión mas amplia (aún más si reforzada a nivel constitucional) de los derechos de acceso a la información, y el deber del Estado de proveer esos derechos, nos ofrece mejores y mayores recursos para el desarrollo de iniciativas de Datos Abiertos Gubernamentales.
En otras palabras, si fundamentadas en leyes de acceso a la información anteriores, las políticas de apertura de datos gubernamentales no se van a referir al derecho o no de acceso a los datos por los ciudadanos. Pero sí en relación a la cantidad de informaciones que están disponibles y en cuáles formatos.
