En Agosto de 2002, se promulgó en Perú la Ley N° 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el artículo 3 se establece que todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en ella están sometidas al Principio de Publicidad: toda información que posea el Estado se presume pública (salvo excepciones establecidas en el artículo 15 de la misma ley); el Estado adoptará medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública; y el Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del Principio de Publicidad.
La ley define como información pública “cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales”. Esta normativa establece también -en el artículo 11- el procedimiento mediante el cual los ciudadanos podrán solicitar esta información y añade en el artículo 12 que “las entidades de la administración pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público”.
Pese a estas definiciones, la ley no define explícitamente quién es el propietario de la información pública, aunque establece que “es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea”. La ley tampoco hace referencia explícita a los datos abiertos y qué normas los regulan.
La única mención a los datos abiertos que existe en alguna iniciativa gubernamental peruana es en la Agenda Digital del gobierno. Ésta hace mención a los datos abiertos dentro del Objetivo 7, que hace referencia –entre otras cosas- a la interoperabilidad: “Una tendencia que debe ser analizada con mayor profundidad y que puede dinamizar el uso de la información colectada y administrada por el sector público, facilitar la interoperabilidad de los servicios públicos y fortalecer los procesos de transparencia, participación, vigilancia ciudadana y gobernanza, se vincula con políticas de datos abiertos. Esta política además de generar los beneficios antes mencionados resultará en menores costos de intercomunicación entre dependencias del Estado y también con la sociedad”.
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noviembre 27, 2012
OD4D participa en la II Reunión Ministerial y IV de autoridades nacionales de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc)
Durante el primer día (26 noviembre), ha sido remarcado el rol fundamental que el gobierno electrónico ha jugado y sigue jugando en el proceso de transformación de la gestión pública hacia una mayor y mejor eficacia del Estado, y su importancia en fomentar la participación ciudadana, un fenómeno destinado a aumentar significativamente gracias a la creciente interoperabilidad de las actividades y de los servicios directos a los ciudadanos.
Amplio espacio ha sido dedicado al tema de los retos emergentes para el gobierno electrónico, como el papel de las redes sociales, el cloud computing y el gobierno mobil (m-gov). Durante la última parte de la tarde se han también debatidos los mecanismos de monitoreo de los avances en tema de gobierno electrónico, discutiendo los indicadores y los rankings propuestos por DPADM de UNDESA y el World Economic Forum.
Además, se realizarán varios paneles sobre temas emergentes para el gobierno electrónico, destacándose datos abiertos e privacidad de datos personales. Elisa Calza, coordinadora de OD4D para CEPAL, participa en el panel sobre datos abiertos, que se podrá ver en streaming desde las 11 am de Costa Rica.
noviembre 23, 2012
México
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Dimensión Normativa y Regulatoria
Dimensión Institucional
Dimensión Técnica
Dimensión de Uso, Re-uso y Consumo
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noviembre 23, 2012
México: Dimensión de Uso, Re-uso y Consumo
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En México, pese a que no se han abierto catálogos de datos abiertos gubernamentales, sí se han creado algunas aplicaciones con la información que sí se encuentra disponible. Cabe señalar, por ejemplo, el portal “Tu Gobierno en Mapa”, que permite de visualizar fácilmente a través de mapas varios datos públicos generados por la Administración Pública Federal, lo que hace pensar que éstas representan aplicaciones. A pesar de esto, estas visualizaciones no se pueden considerar como aplicaciones de datos abiertos “en sentido estricto” por dos razones: no están basadas en datos técnicamente abiertos, sino solamente en datos públicos (que no cumplen con las características técnicas mínimas para definir datos abiertos); y no presentan la característica de re-usabilidad intrínseca en las aplicaciones de datos abiertos.
México fue parte de la iniciativa Desarrollando América Latina (ver box), que en su versión mexicana contó con diez equipos que elaboraron aplicaciones basadas principalmente en seguridad pública, transparencia y datos geográficos. Precisamente, la aplicación ganadora fue el proyecto Xmatch que hizo accesible información y visualización comparativa de datos en mapas. Estos se enfrentaron a una final con las aplicaciones creadas en los otros países donde se llevó a cabo esta iniciativa.
Box: Desarrollando América Latina 2011
Entre el 3 y 4 de diciembre de 2011 se realizó de manera simultánea en 6 países de Latinoamérica –Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay- el evento Desarrollando América Latina. En él, durante 30 horas seguidas, y de manera simultánea, equipos en los distintos países trabajaron “para encontrar soluciones digitales a problemas sociales” en temas de Educación, presupuesto público y Salud mediante la creación de aplicaciones basadas en datos abiertos disponibles en los distintos lugares.
La iniciativa buscaba –entre otras cosas- “conectar a los líderes que trabajan por el bien social con el mundo tecnológico – desarrolladores y disenadores – fomentando la colaboración y las mejores soluciones” y “demonstrar el poder que tiene la tecnología OpenSource con las aplicaciones desarrolladas con OpenData”.
Este hackaton fue organizado por la Fundación Ciudadano Inteligente, y contó con el apoyo de diversas ONGs y otras instituciones de la sociedad civil. El equipo ganador, de Brasil, creó una aplicación que analizaba los índices de ocurrencia de crímenes en distintas ciudades para evaluar la seguridad pública en diferentes Estados.
Hasta la fecha (junio 2012), en México no se han realizado iniciativas de información y sensibilización sobre el uso de datos abiertos gubernamentales. Sin embargo, la Unidad de Gobierno Digital de Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal afirma que se han implementado capacitaciones de tipo técnico a la administración pública, y que en el futuro tienen contemplado hacer otras dedicadas a los funcionarios públicos para la apertura y gestión de catálogos. A pesar de que los datos de otras entidades no gubernamentales, como universidades y empresas, podrían ser considerados en el futuro para una ulterior apertura de datos, a la fecha (junio 2012) todavía no existen programas para involucrar más a las empresas y al sector privado en las iniciativas de datos abiertos.
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noviembre 23, 2012
México: Dimensión Normativa y Regulatoria
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En México existe una ley de transparencia desde 2003. En junio de ese año se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que obliga a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a dar acceso a la “información contenida en sus documentos, respecto, entre otras cosas, a su forma de trabajo, al uso de los recursos públicos, sus resultados y desempeño”. La ley establece como pública a toda la información del Estado y la reserva de ésta, vale decir, su no publicación, es considerada como algo excepcional. Además, esta normativa obliga a los distintos organismos de la administración pública a dar la información relativa a 17 aspectos de su funcionamiento (organigrama y sueldos, entre otras).
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental también dice que “cualquier persona puede solicitar información a las instituciones federales y obtenerla en forma rápida y sencilla, sin necesidad de identificarse, ni justificar el uso que dará a la misma. Además, esta Ley garantiza el derecho de las personas a la vida privada, al obligar a las instituciones a proteger los datos personales que tienen en sus archivos o bases de datos”. El término datos abiertos no se menciona ni en esta normativa ni en otras de ese país.
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noviembre 23, 2012
República Bolivariana de Venezuela
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Dimensión Normativa y Regulatoria
Dimensión Institucional
Dimensión Técnica
Dimensión de Uso, Re-uso y Consumo
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noviembre 23, 2012
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión de Uso, Re-uso y Consumo
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En la República Bolivariana de Venezuela aún no se ha implementado ninguna actividad relativa a su apertura, uso, re-uso y consumo – ya sea el desarrollo de aplicaciones o la organización de iniciativas se sensibilización, información o capacitación técnica sobre el uso de datos abiertos. Sin embargo, el Centro Nacional de Tecnologías de la Información de la República Bolivariana de Venezuela (CNTI) afirma que en el futuro espera implementar iniciativas de sensibilización y capacitación sobre su uso, en especial, para que los funcionarios públicos aprendan sobre la apertura y gestión de catálogos.
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Normativa y Regulatoria
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Institucional
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Técnica
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noviembre 23, 2012
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Técnica
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A la fecha (julio de 2012), en la República Bolivariana de Venezuela no resulta que existan catálogos de datos abiertos gubernamentales.
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Normativa y Regulatoria
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Institucional
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión de Uso, Re-uso y Consumo
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noviembre 23, 2012
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Institucional
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Debido a que no existe una ley específica para los temas de transparencia y acceso a la información, no hay ningún organismo que se dedique a estos temas en Venezuela. Sin embargo, existe una sede de la organización Transparencia Internacional llamado Transparencia Venezuela, que funciona en ese país desde 2004. A pesar de esto, las entidades públicas reconocen de tener un mandato de transparencia hacia los ciudadanos y la sociedad, con el cual tienen que cumplir.
En este propósito, el Centro Nacional de Tecnologías de la Información de la República Bolivariana de Venezuela (CNTI) es el encargado de implementar los planes de Gobierno Electrónico y de Gobierno Abierto que existen. El plan de Gobierno en Línea existe desde 2001 y se enmarca en el que se publicó ese año. Su enfoque principal, es entregar nuevos y mejores servicios e informaciones a los ciudadanos.
Hasta la fecha (julio de 2012), los datos abiertos gubernamentales no aparecen en ninguno de los planes del Centro Nacional de Tecnologías de la Información de la República Bolivariana de Venezuela (CNTI). Sin embargo, este organismo cree que los datos abiertos gubernamentales podrían ayudar mucho a satisfacer el mandato de transparencia existente en la Republica Bolivariana de Venezuela, generando además varios beneficios. El CNTI cree que cuando se abren datos existen beneficios para la administración pública (fortalecimiento de los procesos públicos interinstitucionales apoyado de la perspectiva del ciudadano), para las empresas y para los ciudadanos (empoderamiento y participación). Este organismo cree que este último grupo sería el que mayores beneficios obtendría con la apertura de datos y que ésta tendría mayor impacto si ocurre a nivel municipal y en las áreas de salud, medioambiente y trabajo, empleo y seguridad social.
El Centro Nacional de Tecnologías de la Información de la República Bolivariana de Venezuela (CNTI) reconoce que las entidades de su país tienen datos no sensibles para abrir y opina que las entidades públicas debieran entregar estos datos no sensibles porque es un derecho de la ciudadanía tener acceso a las informaciones, porque así van a poder ofrecer nuevos y mejores servicios a los ciudadanos y porque así podrán apoyar el diseño y monitoreo de las políticas públicas; sin embargo, cree que faltan políticas y normativas que permitan que esto suceda. Pese a los beneficios que los datos abiertos podrían tener para la administración pública, los ciudadanos y las empresas, el CNTI ve en la posible pérdida de control sobre el uso final de los datos (falsificación o tergiversación), en la generación de un desequilibrio en la disponibilidad de información entre sector público y privado y en la generación de nuevos gastos para poder garantizar la calidad de los datos (actualización y mantención), los principales riesgos que podrían frenar una posible apertura de datos en ese país.
En la Republica Bolivariana de Venezuela no se ha desarrollado aún una estrategia de datos abiertos, ni tampoco se ha designado o creado una entidad que se encargue de hacerlo. Tampoco se considera posible al momento la apertura de datos de algunas entidades no gubernamentales, como universidades y empresas.
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Normativa y Regulatoria
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión Técnica
República Bolivariana de Venezuela: Dimensión de Uso, Re-uso y Consumo
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noviembre 23, 2012
Répública Bolivariana de Venezuela: Dimensión Normativa y Regulatoria
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En la República Bolivariana de Venezuela aún no existe una ley o normativa que regule el acceso a la información pública. A la fecha (julio de 2012) este tema se encuentra regido por los artículos 28, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establecen, respectivamente, el derecho de acceso de acceder y solicitar información, un mandato de transparencia para la administración pública y el derecho de los ciudadanos a recibir información oportuna y cuando la requieran (Para normativas locales y otras que influyan en el tema ver http://www.transparencia.org.ve/AreasEstrategicas/Gestion-Publica/Gobernaciones-(1)/Principal/Novedades/Class-aptent-taciti-sociosqu.aspx).
El único proyecto de ley que existe sobre acceso a la información pública fue creado por la ONG Coalición Proacceso Venezuela (véase Box 1.), la que se define como un movimiento por el Derecho a la Información Pública. A la fecha (julio de 2012) esta ley no ha sido aprobada.
Ninguna normativa en Venezuela define lo que son datos abiertos gubernamentales ni tampoco hacen referencia al tema. Tampoco existen en carpeta proyectos de leyes al respecto.
Box: El derecho a la información pública en la República Bolivariana de Venezuela
Coalición ProaccesoLa Coalición Proacceso es una plataforma de organizaciones e individuos que mira a generar un movimiento amplio, plural y diverso, nacional orientado a fortalecer la capacidad y poder para lograr el Acceso a la Información Pública.
Apoyando la demanda de información, el desarrollo de investigaciones, diagnósticos, el intercambio de experiencias y recursos, la Coalición Proacceso procura dar respuesta al interés expresado por diversas expresiones de la sociedad civil venezolana y los ciudadanos de obtener el reconocimiento y respeto del derecho de acceso a la información pública, y su promoción, como un derecho fundamental y una herramienta central en el desarrollo de las políticas públicas. Su trabajo se desarrolla sobre todo desde la perspectiva legal.
