En Uruguay existe una Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008), que en su art. 2° define a la información pública como: “toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”.
Por su parte, en su artículo 3° establece quiénes pueden acceder a la información pública: “el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.
De este modo, para acceder a la información pública en Uruguay, una persona física o jurídica debe hacerlo mediante una solicitud escrita al titular del organismo que tendrá hasta 20 días hábiles para responder. La única justificación válida para negar la información, que siempre será gratuita (sólo costos de reproducción), es que ésta sea considerada secreta, reservada o confidencial, basándose en las excepciones que estipula la misma ley.
La misma norma reconoce además en el art. 6° que la información pública es administrada, manipulada, archivada y conservada por distintos organismos, pero que éstos deben “crear y mantener registros de manera profesional, para que el derecho de acceso a la información pública se pueda ejercer en plenitud”.
Por otra parte, a nivel departamental cabe mencionar que la Intendencia de Montevideo es pionera en la aplicación de iniciativas de datos abiertos (http://www.montevideo.gub.uy/institucional/datos-abiertos/introduccion), y desde hace tiempo impulsa la idea de que los datos públicos deben ser abiertos tal como lo manifiesta en la Resolución N° 640/010.
Además adhiere a los 8 principios de datos abiertos en el gobierno y continúa trabajando para publicar la información que genera, a efectos de que la misma pueda ser utilizada por quien la necesite y para lo que la necesite.
El criterio aplicado por este organismo, consiste en asegurarse en primer lugar que los datos sean efectivamente públicos, que no se trate en definitiva de información reservada, confidencial o secreta, según lo establecido en la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública y en la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data). Asimismo, los datos deberán estar verificados y respaldados por una dependencia responsable dentro de la propia Intendencia de Montevideo, indicando además claramente su fecha de vigencia.
Esta política de Datos Abiertos se inicia en la División Tecnologías de la Información de la Intendencia, según se expresa en la Resolución Nº 640/010 y refiere a la posibilidad de promover en forma permanente la publicación de todos los datos manejados por este organismo.
Como antecedente puede mencionarse la Resolución Nº 4.309/009, de 7 de octubre de 2009, mediante la cual se declaró de interés municipal el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en el ámbito institucional de esta Intendencia, para brindar prestaciones a los ciudadanos y las ciudadanas, buscando fortalecer y facilitar la relación con la comunidad.
Esta política adoptada por la Intendencia, también tiene su fundamento en lo expresado en la Ley Nº 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública, por lo cual es necesario fomentar el uso de los referidos datos por parte de otros actores de la ciudad para generar información que pueda ser de utilidad para todos.
La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) es la entidad encargada de implementar una estrategia para esos ámbitos y también para los temas de Gobierno Abierto y Datos Abiertos. Este organismo considera fundamental la implementación de datos abiertos en la administración pública y, aunque no tiene un reglamento o normativa para ellos, en su sitio web describe las diferentes definiciones y estándares que existen para su publicación y por qué son relevantes: “incorporar la publicación de datos de gobierno en formatos abiertos, abre la puerta a la posibilidad que los mismos sean reutilizados en nuevos proyectos, que puedan combinarse con otras fuentes de datos y que puedan generar nuevas aplicaciones desarrolladas por el mismo gobierno o por la sociedad civil”.
Sin perjuicio que aún no existe una normativa específica sobre datos abiertos, corresponde mencionar que el 13 de agosto de 2012 se promulgó el Decreto Nº 259/012 por el cual se aprueba el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Uruguay 2012 que adhiere a la Declaración de Gobierno Abierto de setiembre de 2011 de la Sociedad de Gobierno Abierto (66º período de sesiones de la ONU – Nueva York).
El Decreto constituye un compromiso país respecto a una iniciativa que procura la promoción de la transparencia, la participación y la colaboración como pilares de un Gobierno Abierto. En el marco de estos pilares y alineados además con los de la Agenda Digital Uruguay 2011-2015, AGESIC elaboró el Plan de Acción de Gobierno Abierto que fue presentado por Uruguay en la Primera Conferencia Anual de la Sociedad de Gobierno Abierto celebrada en Brasil en abril de 2012.
A través de este Decreto el Poder Ejecutivo aprueba el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Uruguay 2012, adhiere a la Declaración de Gobierno Abierto de setiembre de 2011 de la Sociedad de Gobierno Abierto, encomienda a los responsables de los compromisos, el avance en el cumplimiento de las metas aprobadas por el Plan de Acción y a AGESIC el seguimiento y evaluación del avance del Plan.
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En base a la información entregada por el catálogo del Estado colombiano, a la fecha (julio de 2012) se han desarrollado 46 aplicaciones, según explica el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Éstas se pueden encontrar en la “Tienda de Aplicaciones” del home page del catálogo o directamente en aplicaciones.gov.co. La mayoría de las aplicaciones están dedicadas a los ciudadanos, son gratuitas, desarrolladas por profesionales individuales y abarcan los temas de Movilidad y Transporte (23), Turismo (7), Educación (4), Democracia (3), Información General (2), Salud (2), Finanzas (1), Historia (1), Agricultura (1) y Desarrollo Rural (1), Comunicación (1), y Contratación Pública (1). A pesar de esto, el Ministerio de las TIC explica que, hasta ahora (julio de 2012), las aplicaciones creadas no se han utilizado ni para fomentar iniciativas de transparencia, ni para implementar y monitorear políticas públicas.
Respecto a iniciativas de sensibilización y capacitación, que fomenten el uso de los datos abiertos, Colombia ha tenido importantes avances. En el sitio del catálogo, existen espacios dedicados a Desarrolladores y Entidades públicas que explican cómo utilizar los datos, las tecnologías que soportan, los formatos utilizados, entre otras cosas. La página para Entidades, además, incluye una “Guía para avanzar en el nivel inicial del modelo de madurez de gobierno en línea para datos abiertos” y una “Herramienta para Guía de datos abiertos”, las que básicamente, explican de manera detallada cómo las entidades de la administración pública pueden “adelantar de forma autónoma el proceso de apertura de datos”.
Según el Ministerio de las TIC además de estas guías online, se han realizado actividades de sensibilización y un acompañamiento especializado a las entidades de la administración pública que han decidido abrir sus datos. Para los desarrolladores, en tanto, se han hecho actividades relativas a los datos abiertos en eventos como el “App Date Bogota” y “Campus Party Colombia”. Además, en diciembre de 2012 Colombia se unirá a la segunda edición de Desarrollando América Latina (ver box).
Entre el 3 y 4 de diciembre de 2011 se realizó de manera simultánea en 6 países de Latinoamérica –Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay- el evento Desarrollando América Latina. En él, durante 30 horas seguidas, y de manera simultánea, equipos en los distintos países trabajaron “para encontrar soluciones digitales a problemas sociales” en temas de Educación, presupuesto público y Salud mediante la creación de aplicaciones basadas en datos abiertos disponibles en los distintos lugares.
La iniciativa buscaba –entre otras cosas- “conectar a los líderes que trabajan por el bien social con el mundo tecnológico – desarrolladores y disenadores – fomentando la colaboración y las mejores soluciones” y “demonstrar el poder que tiene la tecnología OpenSource con las aplicaciones desarrolladas con OpenData” .
Este hackaton fue organizado por la Fundación Ciudadano Inteligente, y contó con el apoyo de diversas ONGs y otras instituciones de la sociedad civil. El equipo ganador, de Brasil, creó una aplicación que analizaba los índices de ocurrencia de crímenes en distintas ciudades para evaluar la seguridad pública en diferentes estados.
En el futuro, el Ministerio de las TIC espera que se abran nuevos datos gubernamentales y que se sumen datos de entidades no pertenecientes a la administración pública como las universidades y las empresas. Sobre estas últimas, ya está en desarrollo un programa para involucrarlas a ellas y al sector privado en la estrategia de apertura de datos. Además, esta entidad espera implementar nuevos programas de sensibilización y capacitación sobre el uso de los datos abiertos dirigidos especialmente a los funcionarios para que puedan gestionarlos.
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Fue lanzado oficialmente en diciembre de 2011. Contiene, actualmente (julio 2012) 9 bases de datos de las áreas de Movilidad y Transporte, Finanzas, Contratación Pública y Educación. Todos los conjuntos de datos ofrecen la opción ser descargados en diferentes formatos (principalmente CSV, Excel o Daisy) y sólo algunos de ellos están actualizados. Para el Ministerio de las TIC precisamente esta última característica, además de cuán completos están los datos, son las más difíciles de garantizar cuando se abren datos gubernamentales.
Pese a que no se especifica qué tipo de licencia los regula, se estipula que “los datos publicados en este catálogo pueden ser usados con fines comerciales o no comerciales y con esto se busca aprovechar el interés y el conocimiento de cualquier persona para desarrollar aplicaciones, hacer investigaciones o realizar análisis que beneficien a todo el conjunto de la sociedad” (véase http://ogdibrowsercolombia.cloudapp.net/Developers).
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Debido a que en Colombia no existe una legislación específica para el acceso de información pública, no es posible encontrar instituciones que se hayan creado o que se dediquen exclusivamente a su gestión. Sólo existe un capítulo colombiano de la ONG Transparencia Internacional llamado Transparencia por Colombia. Pese a esta falta de instituciones dedicadas a este tema, en Colombia existe la percepción de compromiso político y de un mandato de transparencia que debe ser cumplido por todos los actores del aparato estatal.
En Colombia, se le da gran importancia a los asuntos de Gobierno Abierto, Electrónico y otros que involucren dar un mejor servicio a los ciudadanos y conseguir una mayor participación de ellos. En los últimos cinco años, han habido grandes avances en el tema gracias a la implementación de un completo programa de digitalización llamado Plan Vive Digital que incluye una estrategia de gobierno en línea. Esta última es dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y tiene un presupuesto dedicado “de acuerdo con lo estipulado normativamente” (Ley de Presupuesto N° 1420 del 13 de Diciembre de 2010 – Decreto Reglamentario 4803 del 29 de diciembre de 2010).
Paralelamente, Colombia es parte de la Open Government Partnership desde diciembre de 2011 y es de los países que ya entregó sus compromisos con esta iniciativa. La mayoría tienen relación con mejorar los servicios a los ciudadanos, combate a la corrupción, gobierno electrónico y transparencia.
En términos a los datos abiertos, Colombia ha mostrado un gran interés. Tiene un portal nacional de datos abiertos gubernamentales que, según explica, “permite encontrar, de manera unificada, todos los datos publicados por las entidades públicas de Colombia, en formato abierto, con el fin de que éstos puedan ser usados por cualquier persona para desarrollar aplicaciones o servicios de valor agregado, hacer análisis e investigación, ejercer labores de control o para cualquier tipo de actividad comercial o no comercial”. El sitio de datos abiertos de Colombia fue lanzado en enero de 2012 y depende del programa de Gobierno en Línea (el que a su vez es dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).
Para el Ministerio de las TIC, los datos abiertos implican el uso de la información para la creación de nuevos servicios y son considerados como un elemento importante para cumplir con el mandato de transparencia que existe en la administración pública colombiana. Este organismo cree que la apertura de datos trae muchos beneficios y que las entidades públicas los deben publicar porque es su deber entregar informaciones a los ciudadanos, porque favorecen la creación de nuevos negocios y actividades basadas en el uso de los datos, y porque gracias a ellos se pueden aprovechas las ideas de terceros para encontrar soluciones innovadoras.
Los datos abiertos, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, traerían beneficios para la administración pública (otorgar mejores servicios), para las empresas (creación de nuevos negocios) y para los ciudadanos, que gracias al acceso a nuevos o mejores servicios serían los más favorecidos con su implementación. Sin embargo, este organismo cree que la mayor responsabilidad que tendrá la entidad que abre los datos y las complicaciones jurídicas en temas de propiedad y licencias sobre los datos (actualización y mantención) podrían ser un obstáculo o freno para su apertura.
En términos de impacto, el Ministerio de las TIC cree que será mayor si los datos se abren en las áreas de informaciones políticas (votaciones parlamentarias, financiación a los partidos, conflicto de intereses), TIC y de censo y población. Además, piensa que el mayor impacto de la apertura de datos será a nivel de la administración central.
Aunque en Colombia aún no existe ni un plan ni una entidad exclusiva para la implementación de los datos abiertos, existen planes de crear una en el corto plazo. Actualmente, en la estrategia de datos abiertos colombiana participan también organismos como el Instituto de Estadística y diversos ministerios y se espera involucrar a otras como la Cámara de Comercio y las universidades y centros de investigación en el futuro.
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En ámbito de información pública o a los asuntos de transparencia, el marco normativo colombiano se basa en la Constitución y en diferentes leyes que regulan los mandatos de ésta. Como base, está el artículo 209 que establece el Principio de Publicidad. De manera complementaria el número 23 dice que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” y el n°74 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley” (véase http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_mejores_practicas_respuestas_colombia.pdf).
En términos de entrega de información, hay diversas normativas que establecen que los funcionarios públicos deben entregar información gubernamental que no sea considerada como reservada. La Ley N° 734 del año 2002 complementa esta idea, prohibiendo a quienes trabajen en la administración pública denegar el acceso a la información de ésta y explicitando los recursos que pueden usar los solicitantes en caso de no recibirla. En tanto, en la Ley N° 962 del año 2005, se estableció una lista de informaciones que los organismos y entidades de la administración pública deben tener permanentemente actualizada y a disposición de los ciudadanos en medios impresos o electrónicos.
En Colombia existe un proyecto de ley sobre transparencia que está en tramitación desde noviembre de 2011 en el Congreso. Esta iniciativa, está patrocinada por tres organismos (Transparencia por Colombia; el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia y la Alianza Más Información, Más Derechos) y “busca promover el derecho fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente esta información sin necesidad de solicitud previa, basado en la cultura de la transparencia” (véase el proyecto de ley). Básicamente, esta ley propone:
Enumera las personas o sujetos obligados a cumplir con el Derecho de Acceso a la Información Pública a favor de la ciudadanía y el principio de máxima publicidad.
Establece no sólo la obligación de responder de manera oportuna y sustancial a las solicitudes formuladas por los ciudadanos, también la obligación de divulgación o transparencia proactiva que otorgue acceso a la información de manera permanente, sin necesidad de solicitud previa. Para este efecto, se regula en esta parte del articulado, una serie de sub-reglas que contribuyen con la cultura de transparencia.
El principio de máxima publicidad, que hasta el momento no ha sido recogido por la legislación colombiana, se consagra como regla clave del Derecho de Acceso a la Información.
Se otorga al operador jurídico una herramienta de gran utilidad para privilegiar la publicidad de la información y sólo reservarla o volverla secreta, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos.
Se establece la obligación de acoger un enfoque diferencial en la implementación de la Ley que permita el acceso a la población colombiana, con sus características y diversidades
Se plantea el agotamiento de la vía gubernativa, una garantía externa ante un órgano rector independiente y autónomo, y se propone la tutela como mecanismo de garantía del derecho en todos los casos, a cargo de una instancia judicial.
Se crea un órgano rector como instancia adecuada para la promoción, garantía e implementación tanto del derecho fundamental de acceso a la información, como de las herramientas y mecanismos creados por la Ley.
El órgano rector accederá a todos los casos de rechazo total o parcial de acceso por intermedio de: a) el sujeto obligado, que debe enviarle su decisión, b) el solicitante, cuando considere violado su derecho, o c) el juez de última instancia, cuando se ha ejercido la acción de tutela.
Finalmente, consagra la obligación de contribuir con la transformación cultural tanto de los operadores jurídicos, como de la ciudadanía mediante formación y capacitación sobre el reconocimiento y ejercicio libre e igualitario del derecho de acceso a la información.
Pese a la ausencia de una legislación específica para los datos abiertos, el sitio del Programa “Gobierno en línea” colombiano define aspectos básicos sobre el tema:
- ¿Qué son datos abiertos?
Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.
- ¿Qué características deben tener los datos abiertos?
No sujetos a limitaciones de reserva previstas en disposiciones constitucionales y legales. Son disponibles en la fuente primaria, sin procesamientos y sin formas agregadas y en diversos formatos, para ser accedidos, reutilizados y automatizados, sin necesidad de registro o solicitud por parte de los usuarios. Son actualizados oportunamente para preservar su valor, de acuerdo con la información vigente. Son estructurados para permitir su lectura, reutilización y automatización a través de diversas herramientas tecnológicas. No tienen exclusividad para su control y uso y deben estar libres de licencias, no sujetos a derecho de autor o patentes. Su acceso debe hacerse en condiciones de seguridad.
- ¿Qué tipos de datos se espera publicar?
Todos aquellos que no estén sometidos a reserva de acuerdo con la constitución y la ley. Los datos disponibles tendrán, por tanto, una diversidad considerable que abarcará múltiples sectores o temáticas.
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Los datos abiertos de la Municipalidad Metropolitana de Lima no están siendo aún muy utilizados en iniciativas relacionadas a las políticas públicas. Por ahora, a partir de este catálogo tampoco se han elaborado aplicaciones. Sin embargo, cabe señalar la disponibilidad de algunas infografías hechas por la organización ciudadana Todos Somos Dateros a partir de la información disponible.
Box: Todos Somos Dateros
De acuerdo a su sitio web, Todos Somos Dateros es una plataforma en la que cualquier persona puede datear problemas y soluciones para mejorar la movilidad urbana de Lima. El mismo sitio explica que se trata de un proyecto independiente de la sociedad civil es creado por medio de una iniciativa ciudadana que responde al contexto de transformación y cambios que vive la ciudad de Lima con respecto a su sistema de transporte público y movilidad urbana. “Todos Somos Dateros fomenta la participación ciudadana en la identificación de problemas y la propuesta de soluciones en torno al espacio público y la movilidad urbana. Hace uso de nuevas tecnologías de la información, que combinadas a campañas en el espacio público, crea innovadores canales de participación”.
Fuente: Todos Somos Dateros
En Perú se están empezando a llevar adelante iniciativas de información y sensibilización sobre el uso de datos abiertos, dirigidas a los ciudadanos. Por ejemplo, el 13 de agosto de 2011 se realizó el Open Data Meetup en Lima, un evento “en el que se compartirían ideas, actividades y talleres relacionados a los datos abiertos en el Perú. Con enfoque hacia el Gobierno Abierto, Mapas y Aplicaciones Web[ con el objetivo de]agilizar el diálogo y la coordinación, entre los proveedores y consumidores de datos abiertos en el Perú”. Esta iniciativa fue organizada por otras organizaciones civiles que fomentan la participación y sensibilización ciudadana en este ámbito: Suma Ciudadana y Escuela Lab.
Hasta la fecha, no existen iniciativas complementarias de capacitación técnica sobre el uso de datos abiertos dirigidas a funcionarios de la administración pública ni a las comunidades de desarrolladores. Sin embargo, la ONGEI ha declarado la intención de proponer en futuro estos tipos de capacitaciones para los funcionarios de la administración pública.
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Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Existe desde septiembre 2011. En el catálogo hay, actualmente, 16 bases de datos en su mayoría de las áreas de Comercialización, Administrativo Financiero, Salud, Transporte y Defensa Civil. Todos los conjuntos de datos están en formato CSV y disponibles para ser descargados a través del software Sócrata (no es open source, pero es gratuito y no necesita ser instalado). El sitio de datos abiertos del Municipio de Lima no explicita qué licencia de uso los rige.
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Pese a que existe una Ley de Transparencia, en Perú no existe una entidad dedicada especialmente a esos asuntos. El reglamento de aquella normativa sólo establece que los diferentes organismos públicos deben poner la información en la web y especifica los mecanismos para la solicitud y entrega de datos a los ciudadanos. Esta información está disponible en el portal de transparencia del Estado de Perú: http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp. En términos de supervisión, esta ley sólo especifica que existirá un Consejo de Ministros –encargado de velar por su cumplimiento- que recibirá un informe anual de cada entidad pública con las solicitudes de información que se hayan hecho y que luego deberán entregar al Congreso.
En Perú, el gobierno siente que tiene un mandato de transparencia hacia los ciudadanos y la sociedad y, por lo mismo, ha elaborado estrategias de Gobierno Electrónico y de Gobierno Abierto que ayuden a cumplirlo. De hecho, el país cuenta con una Agenda Digital que incluye el desarrollo del Gobierno Electrónico como uno de sus pilares y forma parte del Open Government Partnership. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de Perú (ONGEI) es el organismo encargado del seguimiento de esos asuntos en el país.
En tema de datos abiertos, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de Perú (ONGEI) es el organismo encargado del afirma que la apertura de datos podría traer bastantes beneficios en las áreas de acceso a la información, transparencia, lucha contra la corrupción y políticas públicas; lo que conllevaría una mejora en los servicios, y nuevos beneficios para la entidad que los publica, la comunidad, el sector público y el sector privado. Específicamente, la ONGEI concuerda sobre el hecho de que los datos abiertos beneficiarían a la administración pública (facilitar la participación de los ciudadanos), las empresas (reducción de las barreras de ingreso para nuevas empresas en algunos sectores), y sobre todo a los ciudadanos (promover el derecho a la información y transparencia). Sin embargo, estima que la apertura de catálogos de datos abiertos sólo ayudaría en algo a satisfacer el mandato de transparencia y sólo en términos de facilitar información libre de restricciones; y se vislumbra a los gastos asociados a la publicación y a la mantención de los datos como un potencial obstáculo para su apertura.
En Perú no se ha desarrollado al momento una estrategia de datos abiertos: aún no existe una entidad dedicada a su elaboración y/o administración, no hay casos de colaboración entre instituciones sobre el asunto, ni existe un presupuesto dedicado. Hasta la fecha, no se han abierto catálogos de datos abiertos gubernamentales a nivel central; sin embargo, la ONGEI es el organismo encargado del opina que existen potencialidades para abrir datos no sensibles en futuro.
Por otro lado, en términos de datos abiertos a nivel local, cabe destacar la existencia de un portal de datos abiertos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Desde 2011 que la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con su propio portal de datos abiertos. En este sitio web “la Municipalidad Metropolitana de Lima ha identificado la utilidad de los datos y el gran valor que representa para la transparencia, desarrollo e innovación; por lo tanto considera que la información debe volcarse a la sociedad convocando la participación de los ciudadanos, empresas, academia y gobierno para que sus integrantes las transformen en conocimiento, y puedan de esta forma participar y colaborar al desarrollo económico y beneficio de sus habitantes”.
El portal se enmarca en las normas establecidas en la Ley de Transparencia nº 27.806 y en su programa de “Gestión y Buen Gobierno”. Para su elaboración, en tanto, se especificaron las siguientes metas:
Establecimiento de las políticas, normas y procedimientos para la recolección y publicación de los datos a través del Portal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Catalogación, recolección y publicación de los datos que son gestionados por las dependencias que conforman la Corporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Publicación de los datos disponibles facilitando su accesibilidad, especificando su estructura, vigencia y fuente. Para ello, se tomará en cuenta la normatividad vigente sobre seguridad y privacidad.
Sistematización y publicación de los aportes generados en los actores de la sociedad.
El municipio de Lima considera que la apertura de datos es beneficiosa para los ciudadanos, que tendrán acceso a más servicios; para la administración pública, ya que fomenta la interoperabilidad y generará un cambio de mentalidad en sus funcionarios; en la academia, que podrá hacer investigaciones basadas en el uso de nuevas tecnologías; y para las empresas de TIC, ya que los datos abiertos constituirán la materia prima para el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas mediante la promoción de la innovación y la creatividad, lo que generará una “forma de alianza pública privada, en la cual podrán contribuir con servicios de información complementarios a los que brinda la administración pública”.
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